El 8 de marzo es una fecha demasiado visible para pasar desapercibida y demasiado repetida como para incomodar verdaderamente. Con el paso de los años, la imagen de una marcha, de un contingente feminista o de un día entero dedicado a la conmemoración de las mujeres se ha vuelto previsible. Y en esa previsibilidad, a veces, se pierde el foco: la desigualdad como estructura histórica de poder que no desapareció; aprendimos a convivir con ella, a nombrarla con frecuencia y a gestionarla como discurso, aun cuando los resultados siguen siendo nulos o mínimos.
El 8M responde a una verdad incómoda pero verificable: la igualdad jurídica no ha producido igualdad real. Las mujeres, como grupo social, seguimos enfrentando desventajas estructurales que pueden medirse, observarse y documentarse.
Por eso marzo suele ser un mes conflictivo, porque lo que se busca es generar una conversación cotidiana que se traduzca en resultados transversales dentro de la sociedad. No se reduce a una marcha ni a los gestos visibles que cada año concentran la atención pública. Tampoco a las interpretaciones simplificadas que intentan encapsular la fecha en una sola imagen o en una conversación obligatoria. Hacerlo así no solo empobrece el debate; también diluye el sentido de que el 8M existe por un problema que vive fuera del discurso y dentro de lo cotidiano.


Los desafíos están diagnosticados desde hace tiempo: techo de cristal, brechas salariales, desigual distribución del cuidado. Pero ninguno de ellos puede enfrentarse sin antes recuperar algo menos celebrable: la capacidad de no neutralizar la desigualdad convirtiéndola en discurso. Porque cuando los datos se repiten durante años, dejan de ser una alerta y se convierten en un patrón.
En México, siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (INEGI, ENDIREH 2021). Las mujeres realizan casi el triple del trabajo de cuidados no remunerado, un aporte que equivale aproximadamente al 24 % del PIB nacional (INEGI, Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado). Solo el 46 % participa en el mercado laboral (IMCO, 2024); persiste una brecha salarial de entre 14 y 20 % (IMCO; OCDE); y menos del 12 % de los puestos en consejos de administración están ocupados por mujeres en México (IMCO). Dicho lo anterior, la igualdad de género no es una causa agotada ni una meta alcanzada; es un proceso inconcluso.
Sería simplista negar los avances: hay más temas nombrados, más marcos legales y más mujeres ocupando espacios antes inaccesibles. Pero también sería ingenuo confundir visibilidad con cambio real. El riesgo contemporáneo no es solo el retroceso, sino cierta comodidad: creer que el problema está resuelto porque ya sabemos cómo hablar de él, aunque eso no siempre transforme lo que ocurre en la práctica.
Aquí conviene distinguir entre igualdad formal e igualdad real. La primera habita con facilidad en leyes, declaraciones y fechas conmemorativas. La segunda exige desmontar estructuras, revisar pactos y redistribuir responsabilidades. Como ha señalado la Dra. Marcela Lagarde, no es suficiente con abrir espacios de participación para las mujeres si no se transforman las condiciones estructurales que garantizan su permanencia y ejercicio real del poder.
En términos simples: la puerta abierta no garantiza el acceso cuando el trayecto continúa lleno de obstáculos, especialmente en lo cotidiano.
Cuando la fecha pase y el calendario avance, la pregunta seguirá ahí. La diferencia estará en si decidimos seguir repitiéndola o empezar a responderla con mayor honestidad.
No es la misma lucha, pero seguimos en ella.
Por: Abril Aurora García





















